Prevención de riesgos laborales y poder de dirección del empresario: el ius resistentiae del trabajador ante un riesgo grave e inminente para su vida o su salud

Abstract

Con carácter general, opera una presunción de legalidad de las órdenes empresariales, lo que obliga al trabajador a obedecer de entrada y solo después reclamar el resarcimiento de eventuales perjuicios derivados de un hipotético abuso empresarial; todo lo cual se concreta en el celebérrimo principio solve et repete. Sin embargo, excepcionalmente, cabe una desobediencia directa del trabajador (ius resistentiae) ante órdenes empresariales irregulares y flagrantemente abusivas. La cuestión que se plantea y se analiza aquí es la de si la prerrogativa que el art. 21.2 de la LPRL pone en manos del trabajador individualmente considerado para paralizar su actividad y abandonar su lugar de trabajo ante un riesgo grave e inminente para su vida o su salud puede, o no, constituir una figura jurídica particular y cuyo ejercicio transite por un cauce específico y no del todo coincidente con las pautas generales del solve et repete y el ius resistentiae; sobre todo a la luz de los términos categóricos del art. 21.4 de la LPRL, que establece sin ambages que el trabajador que hiciese uso del derecho conferido por el 21.2 no podrá sufrir perjuicio alguno salvo que hubiese obrado con mala fe o negligencia grave. Y para todo ello se aborda y ofrece aquí un análisis completo de la materia, desde los postulados clásicos de la institución hasta la última producción judicial, sin perder de vista referentes de la normativa internacional y hasta del derecho comparado.

In general, there is a presumption of legality of employer´s orders, which obliges the worker to obey, from the outset, and only later to claim compensation for eventual damages derived from a hypothetical business abuse; all of which is specified in the famous «solve et repete» principle. However, exceptionally, there is room for direct disobedience by the worker («ius resistentiae») in the face of irregular and flagrantly abusive employer´s orders. The question that arises and is analyzed here is whether the prerogative that art. 21.2 of the LPRL puts in the hands of the worker individually considered to stop his activity and leave his workplace in the face of a serious and imminent risk to his life or health, may or may not constitute a particular legal figure and whose exercise passes through a channel specific and not entirely coincident with the general guidelines of «solve et repete» and «ius resistentiae»; especially in light of the categorical terms of art. 21.4 of the LPRL, which clearly establishes that the worker who makes use of the right conferred by 21.2 may not suffer any harm unless they have acted in bad faith or gross negligence. And for all this, a complete analysis of the matter is addressed here, from the classic postulates of the institution to the latest judicial production, without losing sight of references to international regulations and even comparative law.