Víctimas, vulnerabilidad y proceso penal

Abstract

La convicción acerca de la necesidad de procurar a las víctimas de delito una pronta, eficaz e integral protección, en y desde el proceso penal, no tuvo un reflejo legislativo temprano; y, más tardío fue, incluso, el despertar normativo el despertar normativo del propósito de evitar o reducir el daño que el desarrollo de la investigación y del juicio oral pueden comportar particularmente a las víctimas que reúnen especial vulnerabilidad. Sensible a esta necesidad, y siguiendo la senda marcada por el legislador europeo, el legislador procesal español ha operado importantes reformas atinentes a la tutela a otorgar a las víctimas vulnerables, dando forma a un régimen de especial protección a su favor, integrado por medidas en cuyo análisis y valoración crítica se detiene este estudio. En él, particular atención se ha prestado a las que rodean su intervención en el proceso, en calidad de testigo y, concretamente, a la consistente en la práctica preconstituida de la testifical protagonizada por la víctima menor -de edad inferior a catorce años- o con discapacidad necesitada de especial protección, y a la medida que, como trasunto lógico de la anterior, excepciona la necesidad de presencia física e intervención de la víctima-testigo de esas características, en el acto del juicio oral. Examinar el modo en que su articulación permite hacer compatible la satisfacción de la completa suma de intereses en juego -a saber, el de la concreta víctima en ver asegurada la efectividad de sus derechos y no padecer daños derivados del propio desarrollo del proceso, el que corresponde al encausado en ver salvaguardado su fundamental derecho de defensa y, el interés del conjunto de la sociedad, de evitar la impunidad de delitos altamente dañinos es, en último término, objetivo perseguido en estas páginas.