Propuestas de cambio y debilidad institucional en Chile: De la revuelta social (2019) al inicio del funcionamiento de la Convención Constitucional (2021)

Abstract

El artículo analiza la precariedad institucional y la escasa capacidad del sistema político chileno para procesar de manera orgánica el malestar que dio origen a la revuelta social que se inicia el 18 de octubre de 2019. Se examinan los factores estructurales, arraigados tanto en el plano económico-social como en el ámbito político-institucional que condujeron al estallido social, además de hechos de tipo coyuntural, derivados de decisiones adoptadas por el actual gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) que tendieron a exacerbar el malestar manifestado en diversos sectores de la población. Se sostiene que ni la revuelta ni las soluciones políticas alcanzadas con posterioridad han logrado revertir la crisis de legitimidad que se había arraigado previamente. Se concluye que este problema podría afectar la estabilidad de un nuevo gobierno, a ser constituido en las próximas elecciones de noviembre, así como al funcionamiento de la Convención Constitucional, comprometiendo la legitimidad de la nueva Constitución.

This article analyses the institutional precariousness and the weak capacity of the Chilean political system to process through institutional channels the social unrest that triggered the social upheaval that started on October 18th of 2019. Structural factors rooted both in the socio-economic and in the political-institutional fields that led to the social outburst are examined. The conjectural facts, resulted from the decisions adopted by the current government of Sebastián Piñera (2018-2022) that tended to exacerbate the social unrest expressed by diverse sectors of the population are also reviewed. It is argued that neither the social upheaval nor the political solutions reached at a later date have achieved to reverse the legitimacy crisis previously rooted. In conclusion, this problem could affect the stability of a new government, to be established after the next elections in November, as well as the functioning of the Constitutional Convention, jeopardizing the new Constitution legitimacy.