La ordenación constitucional del gasto público en España

Abstract

En este trabajo se trata de analizar la evolución que ha sufrido la regulación del gasto público en las Constituciones españolas desde 1812 hasta la actualidad. Es clara la relevancia que la conexión entre gasto público y Constitución ha presentado en España en los últimos siglos. Así podemos decir que la importancia que tradicionalmente ha tenido el hecho de gastar el dinero público y de hacerlo de la mejor manera posible se plasma en la regulación que los textos jurídicos más relevantes de cada momento –señaladamente las Constituciones- han recogido. Podremos constatar una progresiva relevancia en la ordenación constitucional del gasto público desde las primeras constituciones del siglo XIX hasta la vigente Constitución española de 1978. ¿Cómo gastar mejor? ¿Es justo tener superávit? ¿Han de priorizarse las necesidades públicas a satisfacer? ¿Cuándo un determinado gasto es injusto? Todos ellos son interrogantes que de alguna forma la CE trata de resolver. Tradicionalmente la preocupación de los poderes públicos y de los ciudadanos era el ingreso, es decir, cómo conseguir que todos los ciudadanos pagaran sus impuestos de la manera más justa. La Constitución española de 1978 supone un gran avance desde el momento en que se preocupa no sólo por cómo ingresar sino cómo gastar de la manera más justa.

In this work we analyze the evolution of public expenditure regulation in Spanish constitutions since 1812. We can affirm that the traditional importance of the fact of public spending and doing it in the best way possible is always reflected in the most important legal texts of each era, markedly in the Constitutions. We can also assert an increasing relevance of the constitutional regulation of public expenditure since the first constitutions in the XIX century to the current one from 1978. How to spend better? Do public services have to be prioritized? When is a determined expenditure justified? All these are questions that the Spanish Constitution of 1978 is currently trying to answer. Traditionally, the main problem for government and citizens was how to get all citizens to pay their taxes fairly. The Spanish constitution of 1978 is a great improvement since it also deals with the problem of how to spend the public money in the fairest way.